En los últimos días ha venido difundiéndose en diversos medios de prensa que Jorge Barata, en el marco del Convenio de colaboración eficaz suscrito por el Estado Peruano con la empresa Odebrecht para las investigaciones del caso Lavajato, estaba próximo a revelar la identidad de los políticos que aparecen signados con distintos “codinomes” y que habrían recibido pagos ilícitos por parte de la empresa antes mencionada.

En estos momentos, el Perú pasa por una preocupante crisis política con motivo de la disolución (constitucional o no) del Congreso y una convocatoria a elecciones para reemplazar a los actuales congresistas, que podría traer numerosos e imprevisibles cambios para la nación.

Sin embargo uno de ellos, es previsible: el inevitable cambio en la correlación de fuerzas en el espectro político y las consecuencias que se desprendan de ello.

Por eso no resulta extraño que, en medio de dicha crisis, hayan aparecido diversos políticos para volver a la carga sobre el convenio y “satanizarlo”, señalando que este es un convenio de “impunidad” y que se le está “pagando” a Odebrecht millones de dólares por información que va a llegar “sesgada” y “direccionada solo para perseguir políticos”. (Ver entre otros https://gestion.pe/peru/politica/bartra-el-gobierno-le-esta-pagando-a-odebrecht-por-informacion-sesgada-para-perseguir-politicos-noticia/)

Con rapidez, la Procuraduría encargada del caso Lavajato ha aclarado que, la devolución de una parte de los fondos del fideicomiso de la Ley 30737 ( Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos) a la empresa Odebrecht, forma parte integrante de los compromisos que se asumieron en el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito en febrero de este año y que fue materia de una evaluación de legalidad e idoneidad efectuada por el Poder Judicial; precisando, asimismo, que la devolución antes mencionada depende exclusivamente del Poder Judicial. Es decir, de un poder del Estado distinto del Ejecutivo.

Pensando en este tema recojo una historia, contada por un amigo mio, que podría explicar perfectamente las razones de tanta oposición.

Imaginemos una empresa familiar en la que, a través de generaciones, trabajan varios miembros de una numerosa familia.

Un día el Presidente del directorio, entrando a sus oficinas, descubre a un ladrón.

Lo interroga y se da cuenta que venía robando sistemáticamente a la empresa, coludido inequívocamente con varios miembros de su familia, que le daban información, acceso y que recibían una parte del monto robado.

El ladrón, acorralado, plantea la siguiente negociación:

A cambio de una fracción de lo que estaba robando le ofrece al presidente del directorio, no sólo los nombres de los familiares que se coludieron para robar, sino también las pruebas fehacientes de esos delitos.

El Presidente del directorio explica la propuesta a la familia y empieza la discusión.

Unos dicen que, aunque duela y decepcione, más importante que no recuperar una parte de lo robado es fundamental descubrir quienes han traicionado a la familia.

Otros sin embargo, muy, pero muy indignados, dicen que no hay que negociar nada. Que solo hay que meter preso al ladrón y punto.

Ahora, trasladen esta historia a nuestro escenario nacional. Hay millones en juego; muchas autoridades nacionales, regionales, locales, a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, involucradas en el otorgamiento de contratos y adendas irregulares a muchas obras, así como a comisiones investigadoras que no las encontraron en su oportunidad o, que promovieron leyes para que estos contratos se pudieran generar. Hay también información de campañas políticas financiadas a políticos involucradas con estos hechos.

Ya sabemos que Odebrecht nos robó.

Y el Estado peruano decidió negociar con Odebrecht. Pero a diferencia de la historia familiar antes relatada, la tan criticada “devolución” a la que aluden los políticos, no implicará la pérdida del patrimonio estatal, sino que esta tiene por objeto: 

- Que la empresa pueda pagar las deudas con sus trabajadores, las empresas peruanas proveedoras acreedoras vinculadas a los proyectos ejecutados en nuestro país, así como para asumir los costos que permitan viabilizar la ejecución del Acuerdo (servicios de búsquedas de información en los sistemas My Web Day y Drousys, entre otros).

- Que la empresa pueda seguir operando para generar fondos “legales” que le permitan cumplir con el pago de la “totalidad” de las reparaciones civiles presentes y futuras que le sean impuestas.

Pero sobre todo, el Estado Peruano decidió negociar con Odebrecht porque decidió que, aunque decepcione, lo más importante era conocer que miembros de su “familia” (entiéndase políticos y autoridades nacionales, regionales y locales) se aliaron con el ladrón para robarnos.

El convenio de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht para el caso Lavajato ha sido constante y sistemáticamente atacado por políticos de las más diversas tiendas por “negociar con un ladrón”. Recuerde usted amigo lector, la historia de la familia antes contada. Piense con un poquito de suspicacia y podrá encontrar las razones de tan conveniente indignación.