Es innegable que el nombramiento del primer gabinete efectuado por el Presidente Pedro Castillo ha generado mucho ruido y malestar, no solo dentro de la esfera de la política peruana, también ha producido ese efecto en la sociedad en general.

El hecho que en el referido gabinete figuren varios ministros con serios cuestionamientos, no solo por su aparente falta de experiencia y capacidad para los sectores en los que han sido nombrados, sino fundamentalmente por encontrarse bajo sospecha e investigación fiscal por tener nexos con el terrorismo, sus grupos de fachada, hacer apología de dicho delito y, en algún caso, haber sido sentenciado por sedición; mantiene seriamente preocupada a una gran mayoría del país, que ve un peligroso viraje a posiciones extremas por las que estos no votaron (estoy seguro que ni siquiera la mayoría de los votantes del actual Presidente), así como un intento de provocación de parte del Poder Ejecutivo con la previsible intención de forzar una situación de Crisis Total del gabinete que acelere la posibilidad de llegar a una disolución del Congreso de la República.

Ante la situación antes descrita, pareciera que desde ciertos sectores del Congreso se avizore como ineludible la negación del voto de investidura al primer gabinete de Ministros, quedando así con “tarjeta amarilla” y expuestos a la presentación de otro gabinete “provocador” que los obligue a actuar nuevamente en consecuencia a su primera decisión, terminando por habilitar al gobernante de turno para presionar el gatillo de la disolución.

En tal expectativa, dicho sector ha concebido una estrategia de contraataque en aras de impedir un “arrinconamiento” como el que en este momento vienen sufriendo.

Así pues, se ha presentado ya un proyecto de ley que propone modificar el artículo 8, numeral 2) literal I) de la Ley 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

En concreto, la mencionada iniciativa legislativa plantea impedir que los Presidentes de la República puedan nombrar altos funcionarios que se encuentren con acusación fiscal o sentencia condenatoria por delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo o su apología, Concusión, Peculado y Corrupción de Funcionarios.

Como es obvio, esta iniciativa de ser aprobada, no alcanzaría a ser aplicada para el actual Consejo de Ministros, dado que las leyes no son retroactivas. No obstante, la intención sería la de impedir, a futuro, que se utilicen estrategias como la llevada a cabo en esta oportunidad por el gobierno de Perú Libre para forzar una crisis total del gabinete.

¿Prosperará el proyecto?, es muy probable.

Conforme al artículo 106 de la Constitución Política del Perú Los proyectos de ley orgánica (el proyecto modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) se tramitan como cualquiera otra ley, pero para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

Se necesitan solo 66 votos para ser aprobada y el bloque opositor al gobierno los tiene.

¿lo hará a la velocidad esperada para impedir llegar a la situación límite antes descrita?. Eso, lo veremos en los próximos días.